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Sucesiones, el impuesto más dispar

Sucesiones, el impuesto más dispar

Este artículo de Mónica Vilar (foto), ex Directora académica del Máster Financiero y profesora titular del Máster MBA en ISAE Business School, fue publicado originalmente en la revista digital Citywire Patrimonios: Debate de Alta Tensión de junio de 2017

Las comunidades autónomas tienen capacidad para la creación de tributos propios de acuerdo con lo previsto en los artículos 133.2 y 157.1b) de la Constitución Española y 6.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). 

Ahora bien, la LOFCA (artículos 6.2 y 3 y artículo 9), establece límites a la potestad tributaria autonómica, impidiendo que las CCAA puedan crear tributos propios sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por los tributos locales. Asimismo, impone a los tributos propios autonómicos otros limites derivados de principios como el de territorialidad y el de libre circulación de personas, mercancías y servicios. 

La cesión puede ser total o parcial, limitándose en algunos casos a una parte de la recaudación obtenida en el territorio por un impuesto concreto (fundamentalmente en los impuestos indirectos armonizados a nivel europeo), mientras que en otros va más allá y les cede, además, cierta capacidad normativa, de recaudación y de gestión, siendo este el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

 Esta diferencia territorial es la que más discrepancia ha ocasionado a lo largo de los años. Y es que, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas, puedes llegar a pagar hasta un porcentaje considerable más.

 En términos generales, los lugares donde menos impuestos de media se pagan por recibir una herencia son Madrid, La Rioja, País Vasco y Navarra; mientras que en el otro extremo se encuentran Andalucía, Asturias y Aragón.

 Todo este ambiente de “injusticias tributarias”, ha puesto de manifiesto una clara guerra de comunidades y una “emigración” de fortunas patrimoniales a comunidades autónomas con tratos tributarios más benevolentes.

 Este es el caso de Andalucía, donde a pesar de ser una de las comunidades más afectadas por este tributo, hay que señalar que ha comenzado su ejercicio 2017, con la entrada en vigor de la reforma de este impuesto, en la que destaca, principalmente, el incremento del mínimo exento por heredero a 250.000 euros.

 Con esta reforma Andalucía va a dejar de ser la comunidad donde más impuestos se pagan, ya que la misma pretende dar respuesta a una demanda de las clases medias y trabajadoras andaluzas que se veían excesivamente gravadas por su herencia.

 Este nuevo paso se une a la reforma impulsada por Ciudadanos en 2016, que ya eximía del gravamen del impuesto a las explotaciones agrarias y a la vivienda habitual, en la línea de armonización fiscal emprendida con la rebaja del IRPF llevada a cabo en ese año.

Respecto a las explotaciones agrícolas, recordamos que la transmisión de las mismas se podía beneficiar de una reducción del 99%, siempre y cuando se cumpliesen una serie de requisitos referentes al ejercicio de la actividad agrícola de forma habitual, personal y directa del transmitente y adquirente (en caso de transmitente jubilado, o con incapacidad permanente o invalidez), así como el mantenimiento de la explotación los cinco siguientes años a la transmisión.  Debemos tener en cuenta que esta reducción es incompatible para una misma adquisición y contribuyente con las reducciones por transmisión de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades.

 

En lo que a la vivienda habitual respecta, hasta agosto de 2016 nos encontrábamos con una reducción estatal del 95%, con un límite por sujeto pasivo de 122.606€, que en el caso de Andalucía se vio mejorada por la normativa,  elevando el porcentaje de exención hasta el 99,99%, siempre y cuando su aplicación se viera condicionada al cumplimiento de la normativa estatal (el adquirente debe ser cónyuge, ascendiente o descendiente, o pariente colateral mayor de 65 años que hubiese convivido con el causante los dos años anteriores al fallecimiento y obligación de mantenimiento de la vivienda durante 10 años); y adicionalmente el cumplimiento de la normativa autonómica consistente en que la vivienda debe constituir la residencia habitual del adquirente en el momento del fallecimiento.

 Este panorama autonómico se ve favorecido a partir de agosto de 2016, cuando se elimina el límite máximo mencionado y la condición de mantenimiento de la vivienda una vez heredada, pasa a ser de únicamente de tres años.

 Por último, y como novedad ya para este ejercicio 2017, cabe destacar el incremento del importe mínimo exento de tributación, que pasa de ser de 175.000€ para ejercicios anteriores al 2017, a 250.000€.

 No podemos dejar de mencionar, dentro del ámbito de reformas que favorecen y ayudan al heredero ante situaciones límites, en las que tiene que vender para pagar su herencia, una novedad cuyos efectos son discutidos en  diversas consultas vinculantes (V0833-15 y V3387-15) y que hace mención expresa a la posibilidad  de retrasar el pago del impuesto. 

Este mecanismo supone la inclusión, siempre en testamento, de un evento futuro, el cual condiciona la transmisión del bien en sí, y ello supone a su vez la determinación del momento a partir del cual la trasmisión de dicho bien surte efecto.

De esta forma, se pospone el devengo del impuesto al momento del cumplimiento de la condición impuesta.

 Por lo tanto, tanto en la reforma operada por el Decreto-Ley 4/2016, de 26 de julio (Medidas urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) como en la de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre (Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017), la propia Comunidad Autónoma se declara en búsqueda de la optimización fiscal del tributo, lo que pretende conseguir adaptando los beneficios ya existentes, como vivienda habitual, empresa individual o negocio profesional, sociedades familiares  y explotaciones agrarias, de tanto peso específico en el día a día del contribuyente andaluz, en aras de la consecución de una mayor igualdad y progresividad, que permita la mejor distribución de la renta en la sociedad andaluza.

En definitiva, parece que se trata de proteger las adquisiciones mortis causa de los más cercanos y con menores recursos y que, asimismo, adquieran un patrimonio familiar medio. 

Otra cuestión, ya a debatir en otro momento, sería la naturaleza justa de este impuesto, así como la posible inconstitucionalidad del mismo, pero como apunto, se trata de un tema tan ambiguo como polémico, que requiere de un análisis profundo e individualizado.

 

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